Dueños de tierras fronterizas piden a Biden cumplir su palabra sobre el muro

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Fotografía cedida por Texas Civil Rights Project (TCRP) donde aparece un hombre mientras camina frente al muro fronterizo detrás de la vieja estación de bombeo en Hidalgo, Texas.

Houston (TX), 9 abr (EFE News).- Luego de cumplirse el plazo de 60 días fijado en enero por el presidente, Joe Biden, para detener la construcción del muro fronterizo para evaluar el proyecto del expresidente Donald Trump, dueños de tierras y activistas piden al demócrata que cumpla su “palabra” y cancele unas obras que pasarían por sus terrenos.

“El muro es para nosotros un símbolo de odio y racismo, deberían tumbar todo lo que construyeron”, dijo a Efe Reynaldo Anzaldua, quien ha acompañado a sus primos Baudilia y José Alfredo Cavazos en una batalla legal por defender su predio en Mission (Texas), junto al río Grande.

La preocupación de estos latinos y del grupo Texas Civil Rights Project (TCRP) ha ido en aumento con el paso de las semanas desde que se cumplió el plazo dado por Biden para evaluar la financiación y los contratos existentes del proyecto estrella de Trump, y más cuando llegan reportes de prensa de que, lejos de echar el freno, el Gobierno podría seguir con las obras.

Según publicó este lunes el diario conservador The Washington Times, el secretario de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas, reveló en una conversación con empleados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que es posible que se reanude la construcción del muro.

Las obras se retomarían en áreas específicas que necesitan “renovación” y “proyectos particulares que necesitan ser terminados”, indicó el medio.

Fotografía cedida por Texas Civil Rights Project (TCRP) donde aparece un hombre mientras camina frente al muro fronterizo detrás de la vieja estación de bombeo en Hidalgo, Texas.

“No estamos de acuerdo, no queremos que se construya ni un pie más del muro y que las propiedades que el Gobierno confiscó sean devueltas a sus dueños”, dijo Anzaldua.

Roberto López, organizador comunitario de TCRP, lamenta que estén casi en el mismo punto que antes de la llegada de Biden al poder, cuando tenían “algo de esperanza”, aunque más de 60 días después siguen en un “limbo” provocado por la falta de “claridad” de parte de la administración actual.

“Estamos muy molestos y preocupados de nuevo”, dijo a Efe Sylvia Ramírez, que lleva más de dos años luchando en la corte con su hermano Ramiro por su propiedad en San Juan (Texas), que comprende los cementerios Jackson Ranch y Eli Jackson, donde reposan los restos de sus ancestros, ambos considerados lugares “históricos”.

“No pensamos que la construcción continuaría. Queremos creer que el presidente Biden es un hombre de palabra”, afirmó Ramírez, para quien reiniciar la obra sería “contrario a lo que Biden prometió”.

Para Ramírez sería “desastroso” si se completase el muro junto al predio, que incluye además la Jackson Ranch Church, primera iglesia protestante en el sur de Texas y fundada en 1874 por su tatarabuelo.

DEFENDIENDO SUS PREDIOS EN LA CORTE

López asegura que muchos de los terratenientes en el sur de Texas continúan “frustrados” porque deben seguir luchando en las cortes por sus tierras, como es el caso de los Cavazos, a quienes les espera una audiencia a mediados de abril.

Además, López indicó que a lo largo del inicio del 2021 se entablaron demandas contra terratenientes a un “ritmo sin precedentes” e incluso también hasta el día de la toma de posesión del presidente Joe Biden.

“No se necesita ningún tipo de muro, es un gasto de dinero que no tiene sentido”, opinó Anzaldua, quien asegura que el Gobierno ofreció una compensación de casi 400.000 dólares por los casi 6 acres que pretendían expropiar, pero asegura que sus primos “no quieren el dinero” sino salvar su propiedad, del que deriva su sustento y les conecta con sus raíces.

LITIGIOS EN PAUSA

Hasta tanto no tengan una respuesta definitiva de Biden sobre el muro, el abogado Carlos Evaristo Flores comenta que los casos pendientes que lleva en el condado de Webb sobre “derecho de entrada” a los predios, al igual que la demanda interpuesta por el condado Zapata contra el Gobierno, se mantienen en “pausa”, según acordaron en la última audiencia.

“Aún estamos a la espera del reporte que entregaría el presidente Biden de los contratos existentes para la construcción del muro, y así podremos saber cuál será la posición del Gobierno y poder continuar una vez esto suceda”, dijo a Efe Sarah Burt, abogada del grupo Earthjustice.

La entidad sin fines de lucro demandó en 2019 al Gobierno por los fondos que le fueron aprobados del Departamento de Defensa para construcción del muro tras la “emergencia nacional” declarada por Trump.

UNA “CRISIS” EN LA FRONTERA

Y el panorama actual no se presenta a su favor, con un cada vez mayor aumento en la llegada de indocumentados a la frontera, especialmente y precisamente en la zona del Valle del río Grande.

Según informó este jueves la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), las detenciones de indocumentados en la frontera con México en marzo alcanzaron su mayor nivel mensual en 20 años, al ser detenidos un total de 172.331, al aumentar casi un 71 % respecto a febrero.

Para Flores, miembro de la coalición #NoBorderWall, la creciente llegada de indocumentados está siendo utilizada los republicanos para “ganar puntos políticos” en aquellos lugares del país en donde no comprenden cómo es la vida en la frontera.

“La solución no es un muro, sino buscar de qué manera podemos presionar a los países centroamericanos para que puedan ser responsables por sus ciudadanos”, opinó Flores.

Más que nunca, el activista ve con incertidumbre el futuro de las tierras colindantes con México y más cuando a la frontera no dejan de llegar indocumentados y encienden un debate migratorio que hasta ahora estaba mayoritariamente del lado de los demócratas.

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