Arizona y 12 estados piden al Supremo que intervenga en regla “carga pública”

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Miami, 1 may (EFE).- Una coalición de 13 estados, liderados por Arizona, pidió al Tribunal Supremo que intervenga en la batalla legal en torno a la regla de 2019 de “carga pública”, emitida durante la Presidencia de Donald Trump y que la actual administración de Joe Biden ha abandonado.

“Si no hacemos cumplir esta regla, que ha existido de alguna forma durante más de 100 años, es posible que nuestros programas de asistencia de emergencia ya no estén allí cuando los estadounidenses más los necesiten”, señaló en una declaración el fiscal general de Arizona, el republicano Mark Brnovich.

La moción, que pide al Supremo la revisión total del caso, fue ingresada el viernes y a ella se unieron Alabama, Arkansas, Indiana, Kansas, Luisiana, Misisipi, Misuri, Montana, Oklahoma, Carolina del Sur, Texas y West Virginia.

El pedido se da luego de que el Tribunal Supremo rechazara el lunes los intentos de Texas y otros 13 estados para defender la regla de “carga pública” y luego de que instancias inferiores también rechazaran el intento de rescatar la medida.

La máxima corte estadounidense, de mayoría conservadora, dijo al grupo de estados, liderados por el fiscal de Texas, Ken Paxton, que debían acudir a un tribunal inferior para hacer su solicitud.

El máximo tribunal acordó meses atrás desestimar una demanda de impugnación pendiente a la regla de la llamada “carga pública” a solicitud del Gobierno del presidente Joe Biden, que cambió de posición en el caso que había defendido la anterior Administración.

El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, explicó en ese momento que la regla de carga pública de 2019 “no estaba en consonancia con los valores de nuestra nación”.

La regla de “carga pública” de 2019 ponía en riesgo la residencia permanente (“green card”) para aquellos inmigrantes que hubieran recibido uno o más beneficios sociales como Medicaid durante más de 12 meses en un período de tres años.

Supuso que miles de migrantes rechazasen solicitar beneficios públicos a los que tenían derecho por miedo a posibles consecuencias en su intento de lograr la residencia permanente en el país.

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