El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) anunció la implementación de un nuevo memorando de política que endurece los requisitos para acceder a la residencia permanente (green card). Bajo esta nueva directriz, los ciudadanos extranjeros con visados de no inmigrante —tales como estudiantes, turistas y trabajadores temporales— que deseen solicitar el ajuste de estatus deberán abandonar el país y realizar el trámite por la vía consular en sus naciones de origen. La agencia federal detalló que las solicitudes desde el interior del territorio estadounidense solo se permitirán bajo “circunstancias extraordinarias” y quedarán sujetas a la evaluación caso por caso de los oficiales de inmigración.
Retorno a la intención original de la ley y optimización de recursos
De acuerdo con el comunicado oficial de la agencia, la medida reitera los lineamientos establecidos por la legislación de inmigración y las decisiones judiciales de larga data. El portavoz de USCIS, Zach Kahler, afirmó que la iniciativa busca retomar la «intención original de la ley para asegurar que los extranjeros naveguen correctamente por el sistema de inmigración de nuestra nación».
Kahler explicó que las visas de no inmigrante están diseñadas exclusivamente para estancias breves y propósitos específicos, por lo que no deben ser utilizadas como el paso inicial para obtener la residencia permanente. Asimismo, señaló los beneficios de control de esta normativa:
«Cuando los extranjeros presentan la solicitud desde su país de origen, se reduce la necesidad de encontrar y remover a quienes deciden pasar desapercibidos y permanecer ilegalmente en Estados Unidos tras denegárseles la residencia».
Al trasladar la gestión de la mayoría de estos casos al Departamento de Estado a través de sus oficinas consulares en el extranjero, USCIS prevé liberar sus recursos limitados para concentrarlos en la tramitación de otras prioridades institucionales, tales como las solicitudes de naturalización y los visados especiales para víctimas de crímenes violentos y trata humana.
Criterios de evaluación y plazos de procesamiento
En los escenarios excepcionales en los que se autorice gestionar el ajuste de estatus desde el interior de Estados Unidos, los oficiales migratorios aplicarán filtros más estrictos. Además de verificar posibles antecedentes criminales, las autoridades deberán analizar cualquier conducta del extranjero posterior a su admisión que resulte inconsistente con su estatus de no inmigrante, determinando si la aprobación del beneficio representa los mejores intereses para el país. En este contexto, el reporte señala que el presidente Donald Trump ha manifestado su preferencia por la migración legal de individuos con un alto perfil económico, habiendo introducido una modalidad de «visa dorada» con una inversión requerida de un millón de dólares.
Tradicionalmente, los inmigrantes temporales que calificaban para la residencia permanente por motivos de empleo, matrimonio o reunificación familiar solicitaban la green card sin salir de EE. UU., un beneficio que les permitía extender sus visados durante un proceso que solía demorar años. Según datos de la agencia, el tiempo promedio de espera para el procesamiento de una tarjeta de residencia por la vía consular oscila actualmente entre los 6 y los 18 meses. Este plazo contrasta significativamente con la situación de los solicitantes de asilo, cuyo sistema enfrenta un retraso histórico que supera los tres millones de casos acumulados en las cortes migratorias, de acuerdo con las métricas del sistema TRAC de la Universidad de Syracuse.
Contexto de endurecimiento de las políticas migratorias
Este anuncio se alinea con una serie de reformas restrictivas implementadas por USCIS en meses recientes bajo la actual administración federal, enfocadas en limitar el acceso a beneficios legales:
- Reducción de permisos de trabajo: La vigencia de las autorizaciones de empleo temporales (EAD) para solicitantes de asilo y personas en proceso de ajuste de estatus se recortó drásticamente de 5 años a un máximo de 18 meses.
- Cancelación de programas de reunificación: Se puso fin de manera definitiva al programa de parole de reunificación familiar que beneficiaba a ciudadanos de Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Honduras.
- Restricciones laborales y humanitarias: Se introdujeron modificaciones estructurales a la lotería de visas H-1B para profesionales altamente cualificados —medida que actualmente enfrenta litigios en los tribunales— y se determinó la suspensión generalizada de los procesos de solicitud de asilo en el país.