radarlatinoEl Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) está buscando deportar al menos a 50 titulares de la tarjeta de residencia permanente (green card) a través de una nueva unidad dedicada a reevaluar los antecedentes de miles de inmigrantes con residencia permanente en todo el país, según revelan datos internos obtenidos por The New York Times.
Estos casos representan una pequeña fracción del número total de titulares de green card que han sido revisados hasta el momento. Al 7 de mayo de 2026, alrededor de 2,890 casos habían sido evaluados o se encontraban todavía en proceso de revisión. El 80 por ciento de dichos casos fueron clasificados como situaciones que no requerían “ninguna acción adicional”, mientras que más de 500 titulares de la tarjeta de residencia continuaban bajo investigación.
Las cifras muestran los primeros resultados de los esfuerzos del gobierno de Donald Trump por examinar a los residentes permanentes bajo sospecha de haber cometido fraude o de representar una amenaza. La reciente creación de esta unidad subraya la agresividad con la que los funcionarios de la administración intentan identificar y desarraigar a los inmigrantes que, según su criterio, deberían ser despojados de su estatus legal y expulsados del país.
Este es el indicio más reciente de que el gobierno está ampliando su campaña de represión migratoria más allá de quienes se encuentran ilegalmente en el país, extendiéndola a aquellos que ya han obtenido un estatus legal formal. En los últimos meses, las autoridades también han lanzado iniciativas para intentar revocar la condición de refugiados y ciudadanos naturalizados, lo que ha generado temor entre muchos residentes de larga data ante la posibilidad de que su permanencia no esté garantizada.
Críticas al uso de recursos y saturación de la agencia
El gobierno de Trump ha argumentado que es necesario reevaluar a amplios grupos de inmigrantes debido a la supuesta laxitud en las normas de control aplicadas durante el gobierno de Joe Biden. Sin embargo, la iniciativa está siendo cuestionada por antiguos funcionarios de seguridad nacional de administraciones tanto demócratas como republicanas. Estos expertos ponen en duda el uso de los recursos y señalan que los propios datos internos demuestran que solo el 2 por ciento de los residentes permanentes revisados fueron considerados potencialmente deportables.
Zach Kahler, portavoz del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), la agencia encargada de supervisar el sistema migratorio, declaró que la institución se encuentra “evolucionando a través de reestructuraciones organizativas para proteger mejor a los ciudadanos estadounidenses y respaldar las prioridades de nuestra misión”.
“La primera y principal misión de USCIS es proteger a Estados Unidos mediante una rigurosa investigación y selección de los extranjeros”, afirmó Kahler en un comunicado. “Seguiremos aplicando cambios a medida que identifiquemos oportunidades para reforzar el sistema de inmigración de Estados Unidos”.
Según Kahler, entre las personas sometidas a esta nueva verificación se encuentran individuos detenidos y condenados por diversos delitos, como agresión sexual, violencia doméstica, conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas (DUI) y posesión de parafernalia de drogas. Asimismo, señaló que algunos “admitieron pertenecer a una organización sospechosa de obtener de manera ilegal o ilícita información y tecnología de exportación controlada para el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán”.
El portavoz añadió que las inspecciones también abarcan a personas que, según determinó USCIS, mintieron en sus solicitudes originales para obtener el estatus de residente permanente.
Un alcance más amplio
El hecho de que solo una pequeña cantidad de los investigados fuera señalada por haber obtenido la residencia de manera indebida sugiere que la campaña incluye a un grupo de personas mucho más amplio que el de los condenados por delitos graves o los que cometieron fraude explícito.
De acuerdo con una persona familiarizada con el asunto que no está autorizada a hablar públicamente, decenas de miles de titulares de green card en todo el país ya han sido identificados para su posterior revisión. A los agentes asignados a esta unidad se les ha encomendado la tarea de examinar minuciosamente los antecedentes penales y las solicitudes previas presentadas por los residentes permanentes con el fin de hallar cualquier indicio de posible fraude.
Exfuncionarios de seguridad nacional cuestionan la efectividad de que la agencia concentre sus esfuerzos en auditar a inmigrantes cuyo estatus legal ya había sido aprobado.
“Se han planteado muchas preguntas sobre si este es o no un uso responsable de los recursos de USCIS, especialmente si se tiene en cuenta el retraso acumulado que tiene el organismo”, señaló Sarah Pierce, exanalista política de USCIS y actual directora de política social en el centro de reflexión de centroizquierda Third Way. “Considero que las cifras solo siguen profundizando esas dudas”.
A finales de septiembre, la agencia acumulaba más de 11 millones de solicitudes pendientes para diversos beneficios migratorios, según los datos más recientes de USCIS. Este retraso ha continuado en aumento con los años, habiéndose duplicado aproximadamente desde finales de 2019.
El «aparato de expulsión» interno
Documentos revisados por The New York Times confirman que la unidad a cargo de auditar a los residentes permanentes forma parte de una nueva división interna llamada “División de Operaciones Tácticas”. Esta división cuenta con varias dependencias especializadas, entre ellas “Operaciones LPR” (en referencia a los residentes permanentes legales), “Desnaturalización” y “Revisión de Refugiados”. La creación de esta estructura fue adelantada inicialmente por la revista The New Yorker.
En un correo electrónico examinado por el Times, Daniel Andrade, director de la división, describió formalmente a la unidad encargada de investigar a los titulares de tarjetas de residencia como un “aparato de expulsión de LPR”. Los documentos detallan que aproximadamente 40 funcionarios de inmigración están destinados exclusivamente a la revisión de estos residentes.
Antiguos funcionarios de seguridad nacional coinciden en que las medidas de reevaluación del gobierno de Trump son significativamente más amplias y agresivas que cualquier esfuerzo previo para auditar a inmigrantes que se encuentran legalmente en el país.
En condiciones normales, USCIS revisaba los antecedentes penales de un residente permanente únicamente cuando el individuo solicitaba de forma voluntaria la renovación de su tarjeta, el acceso a la naturalización o algún otro beneficio específico. Con la implementación de esta nueva unidad, la agencia está auditando y buscando proactivamente la deportación de los titulares de la green card.
“Esta intensa atención concentrada en la reevaluación es algo completamente nuevo”, afirmó Sharvari Dalal-Dheini, directora sénior de relaciones gubernamentales de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA).
Marco legal y garantías procesales
Los titulares de una green card pueden ser sujetos de deportación por motivos específicos estipulados en la ley, tales como condenas por ciertos delitos o la obtención fraudulenta de su estatus. Por ejemplo, un residente permanente legal que sea condenado por asesinato o tráfico de drogas puede enfrentar la expulsión del territorio estadounidense, al igual que por la comisión de ciertos delitos menores. Sin embargo, no todas las faltas menores conllevan la deportación; una primera infracción por conducir bajo los efectos del alcohol (DUI) que no haya causado lesiones a terceros generalmente no se traduce en una expulsión.
Asimismo, la deportación no se ejecuta de manera inmediata. Los residentes permanentes legales mantienen el derecho a comparecer ante un juez de inmigración, quien evalúa los méritos del caso y emite un fallo judicial definitivo.
Los datos públicos sobre la cantidad de residentes permanentes que son expulsados anualmente son limitados. Históricamente, el gobierno federal optaba por no iniciar procesos de deportación contra titulares de la green card a menos que hubieran cometido delitos de extrema gravedad, detallaron exfuncionarios de seguridad nacional.
Kerry E. Doyle, socio de la firma Green & Spiegel y quien se desempeñó como el principal asesor jurídico del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante el gobierno de Biden, señaló que si bien no es inusual que el gobierno intente expulsar a residentes permanentes que encajen en las causales legales de deportación, tampoco es una práctica que ocurra de manera frecuente.
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